La Unión de Escritoras y Escritores celebró este jueves el dictamen favorable que obtuvo en el Senado de la Nación un proyecto que impulsa la creación del Instituto Nacional del Libro Argentino con el fin de impulsar la «promoción y el fortalecimiento del hábito de la lectura» y la «diversidad editorial», el cual está listo para ser llevado al recinto desde la semana poselectoral.
Se trata del primer paso en el tratamiento de la ley en ambas cámaras.
«Agradecemos a los representantes de las fuerzas políticas que apoyaron esta herramienta fundamental para el desarrollo del libro argentino y el mejoramiento de las condiciones laborales de autoras y autores», escribió la Unión de Escritoras y Escritores en un mensaje de la red social X.
Además, la organización que busca «defender y reclamar los derechos de los trabajadores de la palabra», destacó «el trabajo y compromiso de la senadora Cristina del Carmen López Valverde, autora del proyecto» y presidenta de la Comisión de Educación.
El documento presentado por la oficialista sanjuanina López Valverde tiene entre sus objetivos «fomentar la lectura», «la distribución y la circulación del libro» y «favorecer el acceso igualitario» a libros de distintas editoriales, incluyendo las más chicas.
Algunos de los puntos de la legislación apuntan a propiciar estrategias regionales e internacionales de integración y cooperación editorial; asimismo, persigue producir información sobre las transformaciones económicas y tecnológicas de la industria editorial a la vez que diseñar políticas públicas que acompañen a los actores que intervienen en la cadena de creación autoral, producción y comercialización del libro.
La Ley define al libro argentino como el que “a) Esta registrado con un número de ISBN argentino, de acuerdo a la información del registro de ISBN; b) Cuenta con distribución dentro del territorio de la República Argentina; c) No contiene publicidad comercial; d) Se verifique la creación autoral, traducción, diagramación, ilustración e impresión argentina».
También impulsa una perspectiva inclusiva en la medida en que especifica el acceso igualitario de las personas con discapacidad a la lectura, los libros y las bibliotecas y también la edición de libros en sistemas de lectura para personas no videntes.
Con respecto al financiamiento, la ley contempla brindar apoyo económico para la adquisición de derechos de traducción de libros extranjeros a base de principios de fomento de la bibliodiversidad y acceso a la producción editorial en lenguas extranjeras.
En ese sentido, la normativa busca «propiciar el establecimiento de beneficios en materia impositiva para los distintos sectores de la actividad editorial argentina, priorizando la participación de las pequeñas editoriales».
El Directorio del Instituto estará compuesto por una directora ejecutiva o director ejecutivo designada o designado por el Poder Ejecutivo Nacional que contará con un mandato de cuatro años, pudiendo ser reelegida o reelegido sólo una vez, para lo cual deberá acreditar idoneidad, antecedentes profesionales y trayectoria.
El Instituto también contará con un comité y una asamblea federal; el comité estará integrado por una directora ejecutiva o un director ejecutivo y seis representantes del quehacer editorial con la siguiente composición: dos de cámaras editoriales, dos de escritores y el resto de traductores autorales, del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y de libreras y libreros.
Por último, con el fin de una perspectiva federal, habrá seis representantes que elegirá la Asamblea Federal por cada una de las regiones culturales de la Argentina.
Esa asamblea incorporará además a una funcionaria o funcionario en representación de cada uno de los siguientes ministerios nacionales: Cultura, Educación y Desarrollo Productivo, y a la máxima autoridad en materia cultural de cada una de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también a una o un representante de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip).