El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) ha confirmado la condena a cuatro años de prisión contra Germán Facchín, exintendente de Deán Funes, por su papel como instigador en la matanza de 211 perros ocurrida en 2013. Esta decisión se produce tras la ratificación de la pena impuesta por la Cámara 8ª del Crimen.
La defensa de Facchín mantiene la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante un recurso extraordinario federal. En caso de que este recurso no prospere, la condena se hará efectiva y el exfuncionario deberá cumplir su pena de prisión.
Además del exintendente, el TSJ ratificó las condenas de cinco empleados municipales involucrados en el operativo, quienes recibirán penas de tres años de prisión en suspenso. Estos empleados son Diego Oscar Allendes, Juan Santos Márquez, Darío Mercedes Palomeque, Pablo Daniel Palomeque y Roque Enrique Quinteros Nievas.
El trágico incidente tuvo lugar en la madrugada del 28 de abril de 2013, cuando empleados municipales distribuyeron albóndigas de carne con veneno (metomil, una sustancia altamente tóxica) en varios puntos de la ciudad, lo que resultó en la muerte de 211 perros.
Facchín había sido absuelto en 2019 por la Cámara 12ª del Crimen de Córdoba, pero en marzo de 2020, la Sala Penal del TSJ anuló esa decisión y ordenó un nuevo juicio, que culminó con la condena en 2022. La sentencia subrayó que la posición de Facchín dentro de la estructura municipal le otorgaba la capacidad de disponer de personal y recursos para llevar a cabo el operativo.
El abogado querellante, Pedro Despouy Santoro, manifestó que el plan de exterminio fue una respuesta inaceptable a la superpoblación de animales en la localidad. Además, se destacó que el operativo provocó la intoxicación de un niño, quien fue trasladado de urgencia a Córdoba debido al peligro que representó la manipulación del veneno en áreas urbanas.
Un aspecto relevante de la sentencia de 2022 fue el reconocimiento de los animales como “seres sintientes”, lo que implica un avance en la protección de sus derechos bajo la Ley 14.346, que protege su integridad física y psíquica.
Fuente: La Nación
