El gobierno de La Rioja ha anunciado que continuará en default tras notificar a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires que no cumplirá con el vencimiento de deuda programado para el 24 de este mes. Esto ocurre justo después de la reciente emisión de Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE), conocidos popularmente como los “Chacho”, por un total de 4.000 millones de pesos.
El presidente Javier Milei ha respondido de manera contundente a la decisión del gobernador Ricardo Quintela, calificando su enfoque como un «Plan Platita 2.0». A través de sus redes sociales, Milei expuso que el peronismo siempre opta por aumentar el gasto y financiarlo mediante la emisión monetaria, lo que, según él, ha llevado a la Argentina a una crisis con más del 50% de la población en situación de pobreza.
En sus declaraciones, Milei advirtió sobre las consecuencias de esta política, señalando que hay un 20% de indigentes y un 30% de trabajadores formales que viven por debajo de la línea de pobreza. «La receta para la esclavitud desde el impulso de la pobreza usando la asistencia como medio -añadió- CÍNICOS».
Por su parte, el ministro de Hacienda de La Rioja, Fabián Blanco, defendió la decisión del gobierno provincial, argumentando que la emisión de los BOCADE busca atender las necesidades tanto de los trabajadores como del sector comercial. «Con esta medida podemos atacar dos demandas: una, la del empleado, y otra, la del sector económico de la provincia», afirmó.
Quintela, al anunciar la reactivación de los bonos, indicó que no se trata de una falta de recursos, sino de una postura de rebeldía ante la crisis económica nacional. Criticó al gobierno nacional por haber revertido promesas y utilizar recursos para influir en las decisiones provinciales. En este contexto, La Rioja había sido incluida en un listado para recibir un anticipo de coparticipación, pero luego fue excluida por la postura de sus representantes legislativos.
En la carta enviada hoy a la Bolsa de Comercio, el ministro Blanco también destacó que La Rioja enfrenta limitaciones en su capacidad para pagar los servicios de amortización e intereses de sus bonos internacionales, cuyo vencimiento está previsto para 2028. La administración de Quintela ha argumentado que la provincia enfrenta «desafíos económicos sin precedentes», incluyendo la contracción de la economía, la alta inflación y la devaluación del tipo de cambio, lo que ha dejado sus ingresos insuficientes para cubrir gastos esenciales.
Fuente: La Nación
