En Argentina, se presenta una paradoja tributaria: los impuestos que más distorsionan las decisiones económicas son también los más fáciles de recaudar. Esta situación genera un consenso sobre la necesidad de una reducción de impuestos, pero escasean las propuestas concretas sobre cómo reemplazar los recursos que generan.
En 2024, la presión tributaria argentina se situó en el 27,6% del PBI, cifra que supera el promedio de América Latina y el Caribe de 21,7%, aunque es inferior al 34,1% de los países de la OCDE. Sin embargo, la alta tasa de informalidad laboral, que supera el 40%, sugiere que la presión tributaria puede no ser tan extraordinaria para quienes efectivamente pagan impuestos.
A lo largo de las décadas, cada crisis fiscal ha introducido nuevos impuestos, muchos de los cuales se han convertido en permanentes. Ejemplos significativos son el impuesto a los débitos y créditos bancarios, que representa aproximadamente 1,6% del PBI, y los derechos de exportación, que aportan cerca de 1%, además de los Ingresos Brutos, que recauda alrededor de 4% del PBI. Estos impuestos, aunque distintos, comparten la característica de ser fáciles de cobrar.
Sin embargo, esta facilidad de recaudación conlleva costos. Por ejemplo, el impuesto al cheque encarece el uso del sistema financiero, Ingresos Brutos afecta la cadena productiva al gravar ventas y las retenciones reducen los precios que reciben los exportadores. La pregunta que surge es: ¿por qué no se eliminan? La respuesta radica en que su eliminación requeriría encontrar recursos alternativos que compensen la recaudación perdida.
Una vía para considerar es la revisión de los gastos tributarios, que se estiman en 3,7% del PBI, incluyendo exenciones y deducciones. Por ejemplo, el IVA presenta un gasto tributario de 1,33% del PBI, donde las exenciones a menudo benefician a hogares de mayores ingresos. Se plantea si es necesario subsidiar el consumo de productos de las familias más ricas al ayudar a las de menores ingresos.
El sistema de Ganancias también enfrenta desafíos, ya que solo alrededor del 5% de la población argentina contribuye. Ampliar la base de contribuyentes podría permitir una recaudación más equitativa sin aumentar las alícuotas. En cuanto al Monotributo, su creciente uso ha llevado a una caída en la recaudación de 0,15% del PBI en 2012 a solo 0,08% en 2025, lo que indica que este régimen podría haber perdido su función inicial como puente hacia la formalidad.
La dificultad de reformar el sistema tributario se hace evidente con Ingresos Brutos, que representa 4% del PBI y financia gran parte de los impuestos provinciales. La eliminación de este impuesto requeriría un acuerdo federal y un nuevo sistema de distribución de recursos.
Además, los aportes a la seguridad social, que recaudan más del 5,6% del PBI, también requieren discusión en el contexto de cualquier reforma tributaria. Reducirlos sin un plan claro para financiar el sistema previsional podría generar nuevos desequilibrios.
Los retos son claros: 6,6 puntos del PBI provienen de impuestos cuestionados, mientras que existen 3,7 puntos de gastos tributarios y una alta informalidad laboral. Una reforma tributaria efectiva deberá implicar un análisis profundo sobre qué impuestos reducir, cómo ampliar la base de contribuyentes y qué nivel de gasto público se desea financiar.
La clave radica en la secuencia y en asegurar que cualquier reducción de impuestos se acompañe de recursos alternativos. La Argentina ha vivido años de impuestos de emergencia; ahora el desafío es revertir esta tendencia y construir un sistema tributario más equitativo y eficiente.
Fuente: La Nación
