La Justicia ha dictado una resolución que suspende el protocolo del Municipio de San Isidro, el cual imponía restricciones significativas al acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Esta medida ha sido recibida con preocupación por organizaciones defensoras de derechos humanos, que argumentan que las restricciones constituyen una tortura psicológica para las mujeres que buscan acceder a este derecho.
Agostina Felice, referente de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, destacó que el conflicto surgió tras un fallo del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N.º 2 de San Isidro, que da lugar a la mayoría de los puntos solicitados en una medida cautelar por parte de Amnistía Internacional. Felice subrayó que la Ley 27.610, promulgada en 2021, requiere un presupuesto adecuado para su implementación efectiva, enfatizando que el acceso al aborto debe ser considerado una cuestión de salud pública.
La referente criticó las políticas del Gobierno, afirmando que este se ha desentendido del cumplimiento de la legislación nacional, lo que afecta la calidad de vida de las personas. En relación al protocolo del municipio, Felice argumentó que la decisión de incumplir la ley está en contra de los derechos humanos y de los tratados internacionales ratificados.
La Justicia ha ordenado al Municipio garantizar el acceso al aborto dentro de los plazos legales, respetando la intimidad de quienes soliciten la práctica. Felice expresó que la medida cautelar es un paso importante, aunque no resuelve el fondo del asunto. «Es una excelente oportunidad para que el municipio cumpla con las necesidades y derechos de la comunidad», afirmó.
La magistrada María Paula Vénere, quien emitió la resolución, advirtió que las demoras burocráticas pueden obstaculizar el ejercicio del derecho al aborto y consideró que el protocolo del municipio incluía exigencias no contempladas por la ley, como intervenciones psicológicas y restricciones adicionales. Felice, por su parte, argumentó que estas barreras pueden dilatar el acceso y dar lugar a información errónea sobre los riesgos del aborto, lo que puede influir en la decisión de las mujeres.
La sentencia también aborda la organización del sistema de salud desde una perspectiva de género y derechos humanos, indicando que la obstrucción del acceso a la IVE puede constituir una forma de violencia institucional. Felice concluyó que es crucial que los gobiernos locales respeten los derechos de la comunidad y fortalezcan el sistema de salud pública, destacando que se necesitan recursos económicos para lograr una implementación efectiva de la ley.
La demanda fue presentada por Amnistía Internacional en junio, tras recopilar testimonios sobre las dificultades que enfrentan las mujeres y los profesionales de la salud para acceder a este servicio esencial.
Fuente: NA
