El Ministerio Público Fiscal de Río Negro ha iniciado un proceso penal contra un funcionario municipal de San Antonio Oeste, acusado de utilizar una tarjeta de combustible durante un viaje particular, mientras se encontraba de licencia.
El Fiscal Gustavo Arbues informó que el incidente ocurrió entre el 20 y el 28 de diciembre del año pasado, cuando el imputado habría utilizado sin autorización la tarjeta denominada “YPF en Ruta”, asignada a su cargo como jefe de Tránsito de la municipalidad. Esta acción ha sido calificada como malversación de caudales públicos, según los artículos 45 y 260 del Código Penal.
La denuncia fue presentada por la Secretaría de Gobierno municipal el 24 de febrero de 2026, siendo ampliada el 20 de agosto, en la que se detallaron las funciones del imputado y la forma en que se detectaron las irregularidades durante su licencia. Se alegó que la solicitud de comisión para viajar a Buenos Aires había sido previamente rechazada y que el funcionario había sido advertido sobre la prohibición de usar la tarjeta para fines personales.
Como parte de las pruebas presentadas, se incluyeron documentos que especifican las fechas y lugares de las cargas de combustible, además de los tickets correspondientes y la solicitud de licencia. El monto total de los gastos asciende a $359.707,01, correspondiente al período del 20 al 29 de diciembre de 2025.
La Fiscalía también aportó un organigrama municipal que muestra la dependencia del cargo del imputado y un informe que confirma que el vehículo utilizado pertenece al funcionario y su cónyuge. Adicionalmente, se presentó una resolución de la Junta de Calificación y Disciplina que determinó su cesantía tras el proceso administrativo.
Por su parte, la defensa del funcionario, representada por los abogados Carlos Dvorzak y Adrián Zimmermann, se opuso a los cargos, argumentando que el viaje a Buenos Aires fue para trasladar equipos de su área que necesitaban calibración. Según la defensa, el uso del vehículo y la tarjeta era una práctica habitual en el desempeño de sus funciones y aseguraron que el monto gastado fue posteriormente descontado de sus salarios, lo que, según ellos, eliminaría cualquier daño económico al Estado.
Fuente: NA
