El Sindicato de Docentes de Catamarca (SIDCA) ha formalizado un pedido para convertirse en querellante en la investigación que indaga sobre posibles irregularidades en los títulos emitidos por el Instituto de Educación Superior «Clara J. Armstrong». Esta solicitud, presentada el 26 de agosto, busca extender la auditoría a todos los 17 institutos superiores de la provincia.
Este hecho incrementa el costo político para el gobierno de Raúl Jalil, tras el reconocimiento por parte del Ministerio de Educación de 35 documentos con inconsistencias, lo que llevó a la intervención de la dirección del mencionado instituto. El abogado Fernando Santillán Bustos respalda esta presentación, citando varios artículos del Código Procesal Penal provincial.
El sindicato ha solicitado acceso a las actuaciones y copias digitales, así como medidas sobre las juntas de clasificación para evaluar si los títulos cuestionados afectaron puntajes y órdenes de mérito en la cobertura de cargos docentes. La documentación presentada incluye una foja útil y 46 fojas selladas, además de información adicional relacionada con la representación del sindicato.
SIDCA ha indicado que la denuncia abarca a 39 personas y ha exigido una revisión exhaustiva de todos los institutos de educación superior, argumentando que un problema de esta magnitud no debería limitarse a un solo establecimiento. Sin embargo, estas cifras representan la postura del gremio y no son conclusiones judiciales. La solicitud de auditar los 17 IES no implica que se hayan encontrado irregularidades en todos ellos.
La respuesta oficial del Ministerio de Educación y Trabajo se produjo antes de la presentación del SIDCA, cuando el 11 de agosto se informó sobre la identificación de 35 títulos con inconsistencias, los cuales corresponden a carreras de formación docente para los ciclos 2024 y 2025. Entre las irregularidades mencionadas se encuentran documentos presuntamente falsificados y registros duplicados.
La ministra Verónica Soria ha tomado medidas para normalizar la situación en el IES Clara J. Armstrong, designando un equipo encargado de reorganizar la conducción del instituto y preservar la documentación mientras se desarrolla la investigación administrativa y la causa penal. La funcionaria afirmó que la información ha sido puesta a disposición de la Justicia.
Es importante destacar que no se ha encontrado evidencia de que Jalil o Soria hayan encubierto estos hallazgos. Sin embargo, el foco de la crítica política radica en la manera en que se emitieron y registraron documentos inconsistentes dentro de un sistema supervisado por la Provincia. La situación también podría repercutir en los docentes que utilizaron estos títulos para mejorar su posición en el orden de mérito, relegando a aquellos con antecedentes válidos.
Hasta que se complete la revisión, no se puede afirmar que todos los documentos cuestionados hayan resultado en nombramientos ni que las 39 personas mencionadas hayan incurrido en delitos. La causa se encuentra en un estado multidimensional, abarcando la investigación penal, la normalización administrativa y el reclamo del sindicato para revisar todo el sistema educativo.
Fuente: NA
