El barrio Villa 31, también conocido como Barrio Mugica, se encuentra en una situación crítica con alquileres que alcanzan desde $300.000 hasta $1.500.000 para locales comerciales, mientras que terrenos tomados se venden por US$20.000. Esta situación irregular ha generado un descontento generalizado entre los vecinos, quienes han enfrentado problemas de higiene y seguridad por las construcciones ilegales y el comercio informal.
Ante este escenario, el Gobierno de la Ciudad ha puesto en marcha un plan de ordenamiento urbano con el objetivo de frenar las construcciones no autorizadas y mejorar la calidad de vida de los residentes. La iniciativa busca también clausurar locales sin habilitación y combatir el narcomenudeo en la zona. Vecinos como Aida y Luis han expresado su satisfacción con los recientes operativos que han permitido recuperar espacios públicos y mejorar la seguridad del barrio.
Sin embargo, la irregularidad en el uso del suelo no es un problema nuevo en la Villa 31. A pesar de la ley sancionada por la Legislatura porteña en 2018 para regular la reurbanización, el crecimiento descontrolado ha persistido, afectando a las aproximadamente 45.000 personas que habitan allí. Los intentos recientes de nuevas tomas de terrenos han evidenciado la existencia de circuitos de especulación que continúan alimentando la crisis.
Uno de los focos de atención ha sido el predio detrás de la Facultad de Derecho de la UBA, que ha sido liberado y se convertirá en la Base Norte para la División de Intervenciones Rápidas de la Policía de la Ciudad. Además, se ha denunciado la venta y subalquiler de viviendas asignadas con créditos hipotecarios a familias de la zona, lo que contradice las normas establecidas para su uso.
El plan de ordenamiento considera que todos los habitantes de la Ciudad deben tener los mismos derechos y obligaciones. Las autoridades han comenzado a colocar carteles en inmuebles con construcciones ilegales, y se han demolido varias edificaciones clandestinas desde el inicio de la implementación de esta política. Asimismo, se han clausurado corralones clandestinos y retirado vehículos abandonados, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida en el barrio.
El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, ha afirmado que no se permitirá el crecimiento descontrolado y que se buscarán establecer reglas claras que garanticen la seguridad y bienestar de los vecinos. «Queremos que haya reglas que se cumplan, con más seguridad y mejores condiciones de vida», concluyó el funcionario.
Fuente: La Nación
