Los diputados de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot, han presentado una medida cautelar con el objetivo de suspender los efectos del artículo 154 del DNU 70/23. Esta acción busca evitar que se consoliden nuevas adquisiciones de tierras rurales por parte de extranjeros mientras se determina el futuro de la normativa en cuestión.
La decisión de los legisladores se produce tras la revocación por parte de la Corte Suprema de un fallo que había considerado inconstitucional dicho artículo del DNU, el cual derogó las restricciones impuestas por la Ley de Tierras sobre la adquisición de inmuebles rurales por forasteros.
El planteo judicial se suma a las iniciativas parlamentarias de los bloques opositores que intentan derogar el DNU 70/23. La Cámara de Diputados deberá ahora evaluar si la sesión especial solicitada para el 15 de octubre cuenta con el quórum necesario para discutir la derogación del decreto.
En este contexto, los legisladores firmaron el pedido de sesión especial presentado por los bloques opositores, que busca debatir la derogación del DNU 70/23 y, en consecuencia, la derogación de la Ley de Tierras.
Además de la estrategia parlamentaria, Pichetto y Massot han presentado la cautelar para impedir que, durante la vigencia del artículo 154, se lleven a cabo operaciones que puedan ser consideradas derechos adquiridos en el futuro. “La cautelar busca evitar que las operaciones que puedan realizarse durante este período se consoliden luego como derechos adquiridos”, explicaron los diputados.
El Argumento de los Legisladores
En su escrito ante la Justicia, Pichetto y Massot cuestionaron que la derogación de la Ley de Tierras a través de un decreto de necesidad y urgencia haya cumplido con los requisitos establecidos por la Constitución Nacional. Argumentaron que la decisión “no reunió las circunstancias excepcionales que exige la Constitución Nacional para el dictado de un DNU”.
Asimismo, los diputados sostuvieron que las tierras rurales y los cuerpos de agua son recursos naturales estratégicos, escasos y no renovables, lo que implica que el régimen aplicable a su disposición debería ser establecido por el Congreso de la Nación.
La Ley 26.737 había impuesto límites a la adquisición de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras, así como restricciones relacionadas con la superficie que podía concentrarse en manos de titulares forasteros.
En el marco de la medida cautelar, los legisladores han solicitado que se implementen medidas para preservar el Registro Nacional de Tierras Rurales, mantener actualizada la información sobre las adquisiciones realizadas por extranjeros y asegurar la publicidad del proceso judicial.
Fuente: NA
