El gobierno de Tucumán enfrenta una crisis institucional tras la renuncia de José Ricardo Ascárate, interventor del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos Provinciales (ERSEPT). Su salida se produjo en medio de una disputa interna marcada por acusaciones de delitos contra la administración pública y hostigamiento.
Ascárate presentó su renuncia luego de ser intimado por Ingrid Lausberg, subinterventora administrativa financiera, quien cuestionó su autoridad y lo acusó de incompetencia y posible usurpación de funciones. Esta confrontación se documenta en el expediente 4217/390-L-2026, iniciado recientemente.
El conflicto se intensificó cuando Lausberg solicitó un informe sobre la situación laboral de varios agentes del ente, el cual, según ella, fue solicitado fuera de sus competencias. Ascárate, por su parte, defendió sus acciones citando decretos provinciales que le otorgaban facultades para actuar.
A pesar de que las acusaciones de Lausberg son de carácter administrativo y no constituyen una denuncia penal, la situación ha generado un clima de tensión en el organismo encargado de regular servicios esenciales como electricidad y agua. La asociación sindical del ERSEPT ha denunciado atropellos y hostigamiento, lo que llevó a los trabajadores a declarar un estado de alerta y realizar paros.
La renuncia de Ascárate se produce apenas tres meses después de que se creara el cargo ocupado por Lausberg, lo que plantea interrogantes sobre la estructura de poder dentro del ente. El gobernador Osvaldo Jaldo designó a Eduardo Cobos como nuevo interventor, pero la incertidumbre persiste respecto a cómo se resolverán las acusaciones y las competencias dentro del organismo.
La continuidad del expediente 4217/390-L-2026 será crucial para determinar si las acusaciones reflejan una lucha de poder interna o si, efectivamente, se han cometido irregularidades que deben ser investigadas.
Fuente: NA
