El gobierno nacional ha implementado una decisión trascendental para combatir el uso ilegal de teléfonos celulares en las cárceles provinciales, extendiendo el mecanismo de bloqueo que ya existía para los establecimientos federales. Este enfoque busca abordar una problemática que ha sido ignorada durante demasiado tiempo, donde la privación de la libertad no se traduce en la imposibilidad de delinquir.
La resolución del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) permite a las provincias que se adhieran al protocolo solicitar el bloqueo del IMEI y del IMSI de los dispositivos móviles activados dentro de las áreas penitenciarias. Este procedimiento, que debe ser formalmente solicitado y registrado, incluye medidas técnicas para garantizar que el bloqueo no afecte las comunicaciones externas.
El objetivo principal de esta normativa es evitar que los internos utilicen celulares para dirigir actividades criminales, coordinar robos, amenazar a víctimas y recibir beneficios de sus delitos. La situación se volvió aún más crítica tras la pandemia de coronavirus, cuando el uso de dispositivos móviles se justificó inicialmente para mantener el contacto con las familias. Sin embargo, esto resultó en un aumento significativo de teléfonos en manos de reclusos, especialmente en la provincia de Buenos Aires.
El uso de celulares por parte de internos ha sido un fenómeno conocido. Casos como el de la Banda del Millón, que organizaba robos desde la cárcel, y la organización de Los Monos, que mantenía el control del narcotráfico desde prisión, han evidenciado la grave situación. Estos ejemplos indican que el problema no es solo tecnológico, sino que también refleja una falta de autoridad y control dentro de los sistemas penitenciarios.
El suicidio del soldado Rodrigo Andrés Gómez fue un trágico recordatorio de las consecuencias de la extorsión digital, donde criminales operaban desde la Unidad 36 de Magdalena utilizando teléfonos. Además, se han reportado internos actuando como influencers, exponiendo la falta de control en el sistema penitenciario.
Recientemente, en Mendoza, internos del Complejo Penitenciario San Felipe participaron en un streaming, a pesar de que la tenencia de teléfonos está prohibida. Este tipo de incidentes resalta la urgencia de aplicar la nueva medida de manera efectiva.
El Estado tiene la responsabilidad de proteger a la sociedad, asegurando que quienes están privados de su libertad no puedan continuar operando como criminales desde sus celdas. La eficacia de la nueva normativa dependerá de la adhesión provincial, la implementación real de los bloqueos y la vigilancia en las cárceles. No se puede permitir que un delincuente condenado mantenga una línea abierta con el crimen.
Fuente: La Nación
