El fiscal de la Cámara Penal Económico Gabriel Pérez Barberá dictaminó que el expediente en el que se investiga quiénes son los verdaderos dueños de la fastuosa quinta de Pilar, atribuida al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, pase de la Justicia de Campana a su fuero, en la Capital Federal. En el caso se investiga una presunta maniobra de lavado de dinero.
Así lo indicaron a LA NACION fuentes judiciales. El fiscal sostuvo en su dictamen que todavía es prematuro definir la competencia del caso solo por la ubicación de la casa y que al tratarse de un caso de lavado de activos, corresponde que se tramite en un fuero especializado.
Así, todos los fiscales que debieron pronunciarse respecto a dónde debe tramitar el expediente, incluido el de la Casación, Mario Villar, opinaron que el expediente debe salir de la Justicia de Campana, su sede actual.
Llegó allí luego de que los dueños formales de la quinta, el monotributista Luciano Pantano, y su madre, Ana Conte, investigados como presuntos testaferros de las autoridades de la AFA, presentaran un escrito pidiéndole al juez Adrián González Charvay que se amparara en un argumento territorial y reclamara para su juzgado la investigación.
Charvay hizo lugar al planteo y el juez Alberto Lugones, de la Cámara Federal de San Martín, respaldó la decisión.
La Sala I de la Cámara Federal de Casación ordenó el 15 de mayo que sea la Cámara en lo Penal Económico el tribunal que decida qué juez debe llevar el caso. Hasta que eso se resuelva, el expediente continuará en manos del juez Adrián González Charvay, un magistrado que tendría vínculos con los jefes de la AFA.
Mucha de la prueba recabada en el expediente -que fue y vino por distintas sedes judiciales- apunta contra el tesorero Toviggino. De la casa, la Justicia secuestró una colección de autos de lujo, cuyos costos mensuales se pagaban con una tarjeta de la AFA; un bolso y una placa homenaje con su nombre y un karting como los que usa su hijo, entre otras.
Tal como conto LA NACION, antes del allanamiento, empleados que trabajaron en el lugar alcanzaron a retirar elementos que lo vinculaban todavía más directamente con la quinta, como una pintura de él junto con su padre, que colgaba en el quincho.
Además, durante su indagatoria en la causa por presunta evasión impositiva, Toviggino estuvo acompañado de un auto que estuvo a nombre de Real Central, la sociedad de Pantano y Conte que en los papeles es dueña de la casaquinta, que cuenta con un haras de caballo y helipuerto.
La polémica se amplió con la publicación de este medio que dio a conocer que un juez del máximo tribunal penal del país, Carlos Mahiques, festejó allí uno de sus cumpleaños, un hecho que él y su hijo, el ministro de Justicia, Bautista Mahiques, niegan.
Sin embargo, tras la publicación, el camarista renunció a la subrogancia que ejercía en la sala que debía intervenir en el caso, luego de que se trabara la disputa por la competencia.
El camino
El expediente nació en Comodoro Py, en el juzgado de Daniel Rafecas, que se declaró incompetente, pero puso en marcha las primeras medidas. Luego pasó al fuero Penal Económico, bajo el ala de Marcelo Aguinsky, quien profundizó las medidas hasta que Pantano y Conte lograron con su escrito desviar el camino del expediente hacia Campana.
Allí, el expediente quedó bajo la órbita de González Charvay. El juez ordenó nuevas medidas, pero el expediente perdió el ritmo frenético que le imprimieron los otros dos jueces durante los primeros meses.
En ese recorrido, intervino la Cámara Federal de San Martín, la Cámara Penal Económico, la Casación y ahora una vez más la Cámara.
El destino del caso quedará así en manos de los jueces Roberto Hornos Hornos y Carolina Robiglio, que deberán poner fin a la disputa.
Fuente: La Nación
