¿Perros como testigos de bodas? La curiosa resolución de Mendoza

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La provincia de Mendoza ha implementado una medida sorprendente al permitir que cinco perros actúen como «testigos de honor no humanos» en un matrimonio, marcando sus huellas en un documento especial. Sin embargo, es importante subrayar que esta participación no tiene valor jurídico, ya que el acta matrimonial debe ser firmada por testigos humanos según lo estipulado por el Código Civil y Comercial.

A pesar de la distinción simbólica otorgada por una resolución administrativa, persisten interrogantes sobre la verdadera función de un testigo. Tradicionalmente, se espera que un testigo dé fe de un hecho presenciado y responda por la veracidad de su declaración. Los perros, aunque son animales leales e inteligentes, no pueden cumplir con estos requisitos legales.

La decisión de incluir a los perros ha generado confusión sobre la intervención del Estado en asuntos de carácter personal. Si bien se ha afirmado que esta medida no generó gastos adicionales para el Estado, la dedicación de recursos humanos y administrativos para tramitar dicha solicitud plantea interrogantes sobre la eficiencia de la administración pública.

La resolución también abre un debate más amplio sobre los límites de la inclusión de animales en eventos formales. Si los perros pueden ser considerados «testigos de honor», ¿qué impide que otros animales, como gatos o incluso tortugas, sean reconocidos de la misma manera? La falta de una respuesta clara acerca de estos casos podría llevar a una serie de solicitudes que saturen el Registro Civil.

Este episodio resalta la creciente dificultad para negar solicitudes que, aunque bien intencionadas, pueden carecer de fundamento en el ámbito administrativo. La distinción entre lo privado y lo público es crucial para garantizar que los recursos estatales se utilicen en sus funciones esenciales, como la documentación y la seguridad jurídica.

En conclusión, mientras que la afectividad hacia los animales es innegable, la administración pública no debería convertirse en un mecanismo para certificar sentimientos personales. Este caso es un recordatorio de que la sensatez en la gestión pública es fundamental y que la innovación administrativa no debe responder a todas las ocurrencias privadas.

Fuente: La Nación

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