El Concejo Deliberante de Córdoba ha aprobado una reforma significativa al Estatuto del Personal, que ahora requerirá la presentación de antecedentes penales como requisito para ingresar y permanecer en la Municipalidad.
Este cambio legislativo responde a la inquietud generada por el caso de Claudio Barrelier, acusado de femicidio y otros delitos, quien continuó en su puesto pese a alertas internas sobre su situación. La iniciativa fue impulsada por el intendente Daniel Passerini y logró ser aprobada casi de manera unánime, con la excepción del voto en contra de la concejala de izquierda Cintia Frencia.
Entre las nuevas exigencias, se incluyen no solo los certificados de antecedentes penales, sino también la obligación de los empleados de informar cualquier imputación o acción penal en su contra. Esto permite a la autoridad competente evaluar si la situación afecta el desempeño del empleado y determinar si es necesario iniciar un sumario o aplicar otras medidas.
El concejal Nicolás Piloni destacó la importancia de esta reforma para mejorar la integridad pública en la administración municipal. Se realizaron modificaciones en los artículos relevantes del estatuto, especificando que se solicitarán certificados de antecedentes penales y contravencionales emitidos por la Policía de Córdoba, así como la verificación de no estar inscripto en el registro de deudores alimentarios morosos.
Además, los agentes deberán comunicar cualquier cambio en su situación legal, aclarando que informar no necesariamente implica sanciones. El concejal Sergio Piguillem apoyó la medida, aunque sugirió que se deben abordar los problemas estructurales en Recursos Humanos para evitar soluciones temporales.
Por su parte, la concejala Frencia expresó su oposición al proyecto, planteando críticas a las reformas del estatuto. En contraste, Graciela Villata, presidenta del bloque del Frente Cívico, apoyó la iniciativa, solicitando mayor control en su implementación.
Fuente: NA
