La Justicia de la Segunda Circunscripción de La Rioja ha admitido un amparo contra la empresa EDELAR, lo que ha resultado en una cautelar que impide la suspensión del suministro eléctrico a alrededor de 200 usuarios de las localidades de Chilecito y Famatina. Esta medida, que también mantiene los valores tarifarios de referencia para los firmantes del amparo, se considera un revés para la administración provincial encabezada por Ricardo Quintela.
La diputada provincial Gabriela Rodríguez, quien ha estado al frente de este reclamo, confirmó la decisión judicial y especificó que la protección no se extiende a todos los usuarios de la provincia, sino que beneficia exclusivamente a aquellos que firmaron el expediente colectivo. Esto ha abierto un nuevo frente en la relación entre el gobierno provincial y la distribuidora de energía.
EDELAR, que opera como una sociedad anónima unipersonal y es controlada mayoritariamente por el Estado provincial desde 2014, ha estado bajo la mira de los ciudadanos debido a facturas exorbitantes que muchos consideran imposibles de pagar. Las quejas se intensificaron en julio y culminaron en agosto con la presentación judicial por parte de más de 200 afectados.
Rodríguez indicó que algunos usuarios han reportado ingresos mensuales de entre $200.000 y $400.000, mientras que sus facturas oscilaban entre $600.000 y $700.000. Aunque estas cifras fueron presentadas durante el proceso, no reflejan un estudio exhaustivo de toda la facturación de EDELAR.
La administración provincial ha defendido su postura argumentando que los precios de la energía se han mantenido congelados y que parte del incremento en las tarifas se debe al aumento del consumo invernal, ajustes nacionales en subsidios y mayores costos de abastecimiento. El presidente de EDELAR, Jerónimo Quintela, reafirmó que las tarifas provinciales no se han modificado desde abril, y que el Estado ha absorbido aumentos a nivel nacional.
Sin embargo, el fallo judicial representa un avance significativo para las familias que han litigado, otorgándoles una protección inmediata sobre la continuidad del servicio eléctrico y los valores tarifarios aplicables en su situación. A pesar de que la admisión del amparo no resuelve el fondo del asunto ni declara la ilegalidad del cuadro tarifario general, establece un precedente en la defensa de los derechos de los usuarios afectados.
Así, la decisión judicial ha marcado una clara diferencia entre las denuncias políticas y las acciones legales concretas, otorgando a las 200 personas involucradas una cautelar que prohíbe la interrupción del suministro eléctrico y mantiene los valores tarifarios vigentes al momento de iniciar el amparo.
Fuente: NA
