La Justicia Federal de Córdoba ha decidido abrir una investigación sobre el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y el titular del PAMI, Esteban Leguizamo, debido al presunto incumplimiento de resoluciones que ordenaban regularizar los pagos a prestadores de servicios para personas con discapacidad.
El juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja ha remitido las actuaciones al Ministerio Público Fiscal para que evalúe si la conducta de los funcionarios puede constituir un delito. Esta investigación está bajo la supervisión del fiscal federal Carlos Casas Nóblega, quien deberá determinar si hubo desobediencia a una orden judicial y si se incurrió en incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Desde el Ministerio de Salud se ha comunicado que el planteo sobre el “supuesto incumplimiento” ya había sido presentado anteriormente por el mismo juez, quien ahora ha rechazado la apelación interpuesta. Las autoridades han indicado que el Estado tiene la intención de presentar un recurso de queja ante la Cámara Federal, argumentando que corresponde a esa instancia revisar la cuestión.
La decisión judicial es parte de un expediente que Vaca Narvaja inició en mayo, en el cual se han emitido varias resoluciones relacionadas con la obligación del Estado de saldar deudas con los prestadores. La controversia se origina en un amparo colectivo promovido por personas con discapacidad, familiares e instituciones que denunciaron retrasos en los pagos de prestaciones financiadas por el PAMI y por Incluir Salud.
En mayo, el juez había dictado una medida cautelar que obligaba al Ministerio de Salud y al PAMI a normalizar los pagos en un plazo de 72 horas, advirtiendo sobre el riesgo que las demoras representaban para la continuidad de tratamientos esenciales de este colectivo vulnerado. La orden judicial no solo atendía el reclamo de un prestador individual, sino que abarcaba a todos los involucrados en la acción colectiva.
A pesar de que el Gobierno nacional apeló dicha resolución, el recurso se concedió con efecto devolutivo, lo que implicaba que la obligación de cumplir con la medida cautelar no se suspendía mientras se analizaba la apelación. Vaca Narvaja enfatizó que era imperativo acatar la medida.
En junio, el juez reiteró su orden de regularización de pagos, subrayando que el Estado había cumplido con algunos pagos, pero no había demostrado que había solucionado la situación para todos los afectados por el amparo. Las instituciones de Córdoba, como Apadim y el Pequeño Cottolengo Don Orione, habían denunciado atrasos que afectaban su capacidad para pagar salarios y otros costos esenciales.
El caso del Cottolengo ilustró la gravedad de la situación, ya que la institución se vio obligada a enfrentar intereses por aportes no pagados a tiempo debido a los retrasos en los pagos. Para el juez, estos elementos evidencian que el problema trasciende lo administrativo, afectando directamente el funcionamiento de las instituciones que brindan servicios a personas con discapacidad.
La decisión más reciente de Vaca Narvaja ha añadido una nueva dimensión al conflicto en torno al financiamiento de las prestaciones de discapacidad.
Fuente: La Nación
