El gobierno de Leandro Zdero enfrenta un nuevo desafío judicial relacionado con los salarios de los docentes en Chaco. La Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de Resistencia ha determinado que el proyecto enviado por el Ejecutivo a la Legislatura no satisface lo ordenado por el Superior Tribunal de Justicia.
La decisión, emitida el 16 de octubre y divulgada recientemente, se originó a raíz de un amparo promovido por la Federación Sitech contra el Ministerio de Educación y la Provincia. Las juezas Silvia Suárez y Silvana Gómez han programado una audiencia de conciliación para el 29 de octubre a las 10 horas.
En esta convocatoria se requiere la presencia de Zdero y de la ministra de Educación, Sofía Petcoff Naidenoff, o de funcionarios con la autoridad necesaria para representar al Ejecutivo. Sin embargo, esto no implica que se requiera la comparecencia personal del gobernador.
El gobierno provincial había informado en septiembre que había cumplido con el mandato judicial mediante la presentación de una iniciativa de actualización salarial. Además, había solicitado dejar sin efecto una resolución anterior y levantar las sanciones conminatorias que se habían aplicado en el expediente.
La Cámara de Apelaciones ha cuestionado que el texto presentado por el gobierno enuncie principios y evaluaciones periódicas, pero carezca de una pauta concreta para la recomposición salarial y del índice de ajuste para 2027. Según su análisis, las mejoras salariales quedan supeditadas a los recursos disponibles y a decisiones futuras del Ejecutivo.
El conflicto se complica aún más por la prohibición de indexación automática que se contempla en el artículo 7 del proyecto, una disposición que ya fue rechazada por doce organizaciones docentes, quienes argumentan que elimina la protección del salario ante la inflación.
Es importante destacar que la interpretación judicial no implica una orden para el pago de un porcentaje específico. El Superior Tribunal había reconocido que el diseño del régimen remuneratorio corresponde a los poderes Ejecutivo y Legislativo, y la discusión actual se centra en si el proyecto presentado cumple con dicha obligación.
La Federación ha solicitado agravar las sanciones conminatorias y extenderlas al gobernador y a la ministra, pero la Cámara ha decidido convocar a una conciliación antes de abordar esa petición.
La decisión judicial ha declarado que la Provincia no ha cumplido con la obligación de presentar un mecanismo de actualización adecuado conforme al mandato judicial, a pesar de que el gobierno había argumentado lo contrario.
Fuente: NA
