El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) ha anunciado una actualización crucial sobre la inadmisibilidad por carga pública, que afectará a quienes buscan obtener una residencia permanente en el país. Esta nueva guía, que entrará en vigor el 18 de septiembre, evaluará la autosuficiencia económica de los solicitantes en base a cinco factores específicos.
Los cinco factores clave que revisará el Uscis
La ley federal exige que los oficiales analicen los siguientes aspectos en cada trámite de ajuste de estatus:
Edad del solicitante: Se evaluará la capacidad del extranjero para integrarse al mercado laboral.Estado de salud: Se revisará si el aspirante padece condiciones que generen gastos médicos significativos.Estado familiar: La composición del hogar ayudará a determinar el número de dependientes a cargo del solicitante.Activos y situación financiera: Se analizarán cuentas bancarias, propiedades e ingresos anuales para comprobar la autosuficiencia económica.Educación y destrezas: El nivel educativo y las habilidades del solicitante influirán en su potencial de empleo.
Beneficios bajo revisión a partir del 18 de septiembre
La nueva normativa, que reemplaza las reglas de la administración Biden de 2022, fue publicada en el Registro Federal y representa un cambio significativo en el análisis de las ayudas gubernamentales. A partir de esta fecha, el Uscis examinará no solo la asistencia en efectivo y la institucionalización médica, sino también subsidios como cupones de alimentos, ayudas para vivienda y asistencia educativa.
Fianza por carga pública: condiciones y exenciones
Desde el 18 de septiembre, los funcionarios podrán sugerir una fianza por carga pública si un solicitante es considerado inadmisible solo por motivos financieros. Esta fianza servirá como garantía de que el inmigrante no dependerá de fondos estatales. El Formulario I-945 deberá ser presentado por el solicitante tras recibir una invitación formal del Uscis, y el monto se calculará en función de la asistencia que recibiría en los próximos cinco años.
Existen excepciones para proteger a grupos vulnerables, incluyendo refugiados y asilados, quienes no estarán sujetos a este análisis económico. Estas nuevas directrices se aplicarán a todas las solicitudes de ajuste de estatus presentadas después del 18 de septiembre.
Fuente: La Nación
