Un nuevo capítulo se suma al escándalo que sacude la Unidad Penal 31, donde un grupo de reclusos ha presentado pruebas que involucran a miembros de la facción conocida como «La Comitiva» en actividades delictivas dentro del penal. Estos ex miembros de Fuerzas Armadas y de Seguridad están acusados de narcotráfico, extorsión y otros delitos en posible complicidad con las autoridades carcelarias.
Según la denuncia presentada ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 9, se ha detectado una transferencia de 300 mil pesos realizada a través de Mercado Pago por Juan Cruz Echeverría, hijo del preso Roberto Carlos Echeverría, al entonces jefe del penal, Lucas Sergio González, el pasado 7 de junio.
González fue trasladado a otra unidad carcelaria en julio tras ser denunciado por violencia de género por su ex pareja. Sin embargo, los internos que han denunciado el hecho sostienen que, a pesar de su cambio, la situación en el penal sigue siendo la misma, ya que el nuevo director, José Othasegui, no ha implementado cambios significativos.
Denuncias de corrupción y narcotráfico
La documentación presentada incluye un comprobante de transferencia que, según los denunciantes, evidencia un circuito de «cohecho, asociación ilícita y lavado de activos» dentro del establecimiento penitenciario. Los reclusos señalan que los pagos son parte de un acuerdo entre los líderes de «La Comitiva» y la máxima autoridad del penal.
Se ha detallado que el dinero transferido está relacionado con la protección del narcotráfico intramuros, permitiendo el ingreso y comercialización de sustancias estupefacientes sin interferencias de requisas institucionales. Además, se menciona el respaldo institucional a actos de violencia y desalojos forzados de internos que se niegan a pagar cuotas extorsivas.
Implicaciones y operativos recientes
Los internos esperan que la UFI 9 realice una investigación exhaustiva, ya que denuncian que la última vez que se llevó a cabo un allanamiento, tanto los miembros de «La Comitiva» como las autoridades carcelarias fueron advertidos con anticipación, lo que permitió ocultar evidencias.
Recientemente, un operativo llevado a cabo por la DDI Quilmes resultó en la imputación de 11 internos, quienes están acusados de formar parte de una organización dedicada a extorsiones y narcotráfico dentro del penal. Durante el procedimiento, se confiscaron 13 teléfonos móviles, incluyendo dos que se encontraron en la Oficina del subdirector.
Fuente: NA
