El Gobierno nacional ha implementado nuevas medidas para fortalecer los controles relacionados con las Islas Malvinas, dirigidas a las empresas que buscan adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Esta iniciativa fue establecida mediante el Decreto 868/2026, que fue publicado recientemente en el Boletín Oficial. Los proyectos que deseen acogerse a este régimen deberán presentar una declaración jurada en la que se comprometan a no llevar a cabo actividades hidrocarburíferas prohibidas por la Ley 26.659.
Dicha legislación impone sanciones a las empresas que exploren o exploten hidrocarburos sin la debida autorización argentina en la plataforma continental nacional. Esta exigencia también se ha incorporado a los procedimientos necesarios para obtener permisos de exploración y concesiones de explotación y transporte de hidrocarburos.
Adicionalmente, el decreto ha designado al Ministerio de Relaciones Exteriores como la autoridad de aplicación de la Ley 26.659. La Cancillería tendrá un papel activo en la verificación de antecedentes y podrá intervenir ante posibles incumplimientos relacionados con actividades en áreas que son objeto de disputa de soberanía.
Fuente: NA
