Una nueva pericia contable se llevará a cabo para evaluar el daño patrimonial que podría haber sufrido el Estado a causa de presuntas irregularidades durante la gestión presidencial de Alberto Fernández en el sector de seguros.
Este análisis se desarrolla en el marco de la causa Seguros, que investiga 45 convenios firmados entre diversas reparticiones estatales y Nación Seguros, en los que se involucraron a 25 asesores privados. La atención de la Justicia se centra en Héctor Martínez Sosa, quien es amigo del ex presidente y pareja de su secretaria privada, María Cantero.
El juez federal Ariel Lijo ha decidido limitar los requerimientos de las partes y ha establecido un conjunto de 13 preguntas específicas para el cuerpo pericial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desestimando más de cien solicitudes de los abogados defensores, según información publicada por el diario Clarín.
La instrucción a los expertos de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJAYCO) incluye una metodología contable estricta, que exige que los cálculos se realicen basándose en valores nominales originales y su respectiva actualización a moneda homogénea. Además, se solicita que se presenten informes mensuales sobre el avance del estudio.
El objetivo principal de esta pericia es esclarecer cómo se llevaron a cabo las operaciones relacionadas con los seguros contratados por la ANSES y si estas causaron un perjuicio económico a Nación Seguros S.A. y, en última instancia, a los fondos públicos.
Para alcanzar esta meta, el peritaje debe detallar la identidad de los participantes, sus funciones, los montos involucrados, las razones contractuales de los pagos y la solvencia financiera de las empresas contratadas para las coberturas. Asimismo, el magistrado ha pedido una reconstrucción minuciosa de la ruta de los valores negociados mediante intermediarios como San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros S.A., TG Bróker S.A. y Paris Bróker S.A.
El análisis también se enfocará en verificar si las comisiones recibidas fueron equivalentes a las prestaciones realizadas, determinando si las contrataciones se basaron en fundamentos técnicos reales o si, por el contrario, se trataron de un mecanismo de desviación de recursos hacia el sector privado.
Fuente: NA
