La Corte Suprema de Justicia ha solicitado al Cuerpo Médico Forense el desarrollo de un protocolo médico que evalúe el estado de salud de los detenidos en instituciones penitenciarias, en respuesta a los reclamos de militares, agentes policiales y civiles que enfrentan prisión preventiva por delitos de lesa humanidad. Esta medida se enfoca especialmente en aquellos que superan los 70 años y presentan patologías graves, así como en los procesos judiciales que se extienden por periodos prolongados.
Según datos proporcionados por la Unión de Promociones, actualmente hay 519 personas encarceladas por hechos ocurridos en los años 70, de las cuales 440 están bajo arresto domiciliario y aproximadamente 80 continúan en establecimientos penitenciarios, con más de un centenar aún sin condena.
La acordada 21/2026, firmada por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, ha encomendado al Cuerpo Médico Forense la creación de un protocolo que evalúe las condiciones de salud de los detenidos, y en particular, la viabilidad de los tratamientos médicos en el contexto penitenciario en el que se encuentran.
Los jueces han requerido la definición de “criterios científicos” que organicen y uniformen la constatación de los aspectos médicos y penitenciarios, lo que servirá como guía para decidir sobre la posibilidad de detención domiciliaria. El protocolo deberá incluir detalles sobre los exámenes e informes médicos necesarios para constatar el estado de salud y las condiciones de detención, así como la factibilidad de los tratamientos médicos requeridos.
En los fundamentos de la medida, los ministros de la Corte recordaron la obligación constitucional de que “las cárceles de la Nación serán sanas y limpias”, enfatizando el derecho de los detenidos a un trato digno y humano. También se alertó que cualquier medida que agrave las condiciones de detención podría hacer responsable al juez que la autorice.
Santiago Lucero Torres, presidente del Foro Argentino de Defensa (FAD), explicó que esta decisión busca establecer pautas científicas que brinden a los magistrados un mejor criterio en sus decisiones. Aclaró que no se trata de un fallo judicial ni de una modificación legislativa, pero que podría tener repercusiones significativas para los detenidos mayores o con condiciones de salud complejas.
El FAD ha expresado su preocupación por la situación de los detenidos y ha señalado que la existencia de parámetros médicos uniformes puede facilitar la revisión de casos que requieren atención especial por la edad o estado de salud. Hasta la fecha, han fallecido 993 personas en procesos relacionados con hechos de los años 70, y el 82,8% de ellos murió sin una sentencia firme.
La prolongación de las detenciones es notable, con 105 casos que llevan entre tres y seis años en prisión preventiva, y otros 128 enfrentando procesos de entre seis y diez años, mientras que unos 33 superan los 16 años. El FAD sostiene que estos números justifican la necesidad de una revisión seria de la situación, reafirmando que la prisión preventiva no debe convertirse en una pena anticipada.
Fuente: La Nación
