El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, ha reafirmado su compromiso con las expropiaciones en la provincia, advirtiendo a los inversores sobre la posible revisión de medidas si el peronismo regresa al poder. En recientes declaraciones, Quintela enfatizó que, si su partido gana las próximas elecciones, «lo que sea necesario nacionalizar, lo vamos a nacionalizar».
Las expropiaciones ya son una realidad en La Rioja, donde el mandatario ha liderado procesos que han incluido la recuperación de terrenos del Golf Club de La Rioja y casi 5000 hectáreas que pertenecían al director técnico Ramón Díaz. Estas acciones están enmarcadas en la búsqueda de la «utilidad pública», según el gobierno provincial.
Denuncias y controversias en el proceso de expropiación
La oposición ha señalado que Quintela ya ha llevado a cabo varios procesos de expropiación, destacando dos casos emblemáticos. En 2021, la Legislatura aprobó la ley 10.379 que expropió el Golf Club La Rioja, con la intención de destinar los terrenos a espacios deportivos y recreativos. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha concretado ningún proyecto significativo y el club sigue funcionando como antes.
Además, se han presentado irregularidades en el proceso expropiatorio. Documentos judiciales indican que el Estado tomó posesión de los terrenos sin el debido proceso legal, lo que ha llevado a demandas por parte de los propietarios. La situación se complica aún más con la reciente condena del Estado provincial a pagar una indemnización de más de $6.6 mil millones por la expropiación del Golf Club.
El caso de Ramón Díaz y la expropiación de tierras
En octubre de 2024, la Legislatura aprobó la expropiación de tierras pertenecientes a Ramón Díaz, que se habían comprado en 2003 con un plan de desarrollo turístico que nunca se concretó. La decisión del gobierno de Quintela busca recuperar estos terrenos para ser utilizados en políticas que beneficien a la comunidad local, especialmente en el acceso a recursos hídricos.
Sin embargo, la oposición ha cuestionado la falta de claridad sobre el futuro de estos inmuebles y la compensación que se ofrecerá a Díaz. La controversia ha escalado, generando un debate intenso sobre la legitimidad de las expropiaciones en la provincia y la respuesta del gobierno ante críticas y demandas externas.
Fuente: La Nación
