Denuncia sobre giros a Santa Cruz revela posible vínculo entre fondos y votaciones

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Una nueva denuncia penal se ha presentado, relacionada con el manejo del fideicomiso vial SISVIAL, que sugiere una posible conexión entre los desembolsos destinados a Santa Cruz y las decisiones de votación de legisladores alineados con el gobernador Claudio Vidal. La diputada nacional Marcela Pagano ha solicitado investigar si los pagos fueron condicionados a obtener apoyo político en el Congreso.

La denuncia se encuentra en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10 e involucra un total de 1.077 operaciones de pago realizadas entre enero de 2024 y mayo de 2026. Estos pagos han sido comparados con el calendario de 35 votaciones legislativas, lo que podría indicar un patrón de comportamiento entre los giros de fondos y las decisiones de los legisladores.

Pese a que Vidal no está imputado, la denuncia establece un vínculo político entre su gestión y dos de los desembolsos que fueron destinados a la Administración General de Vialidad Provincial. La inquietud surge a raíz de que los votos analizados corresponden a miembros de su espacio político.

Uno de los episodios destacados ocurrió tras la aprobación de un decreto que habilitó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional el 19 de marzo de 2025. En ese contexto, se liberaron $6.596 millones dos días después, de los cuales el 99 por ciento se concentró en beneficiarios de Santa Cruz. Pagano ha calificado esta secuencia como un “premio a las 48 horas”, aunque esta afirmación deberá ser respaldada por pruebas contables.

Otro pago significativo se produjo el 19 de mayo de 2026, cuando la Administración General de Vialidad Provincial recibió $2.104 millones, justo antes de debates sobre iniciativas de interés del Ejecutivo nacional. Se argumenta que este pago fue el único asignado durante los primeros cinco meses del año.

La denuncia también contempla la necesidad de comparar las fechas de los desembolsos con la exigibilidad de cada certificado de obra, ya que un pago cercano a una votación podría ser interpretado como un procedimiento administrativo regular o una decisión discrecional. Pagano ha solicitado a la Justicia que investigue los convenios y certificados de obra relacionados.

Entre las posibles irregularidades que se investigan se encuentran delitos de administración fraudulenta y cohecho, aunque estas acusaciones no implican necesariamente condenas o imputaciones confirmadas. Hasta la fecha, no se ha emitido ninguna resolución judicial que involucre directamente a Vidal en acciones ilícitas.

Por su parte, la administración provincial enfrenta una presión creciente para ofrecer transparencia sobre los fondos asignados. Vialidad de Santa Cruz deberá identificar las obras relacionadas con los montos mencionados y proporcionar información sobre las gestiones realizadas ante el Gobierno nacional. Asimismo, los legisladores involucrados pueden ser llamados a aclarar su postura en relación a las decisiones de voto y cualquier instrucción recibida.

Fuente: NA

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