A más de cuatro meses desde la declaración de quiebra de la excooperativa SanCor CUL y un año y medio después de su concurso preventivo, la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) ha solicitado urgentemente una resolución judicial. En un comunicado del Consejo Directivo Nacional, el gremio advirtió que la prolongada inacción judicial está intensificando el deterioro económico y social de cientos de trabajadores y acreedores.
La situación, según el sindicato, se vuelve insostenible ante la falta de avances en el proceso judicial. «Estamos a nueve años de que la excooperativa comenzara a adeudar salarios, y a cuatro meses de la quiebra, sin un pronunciamiento firme que permita la liquidación de bienes y el pago a los acreedores», expone el comunicado.
Atilra también destacó que existen múltiples interesados dispuestos a invertir en la reactivación de la producción, lo que hace aún más preocupante la falta de acción. La demora en la resolución del conflicto ha llevado a una crisis que afecta tanto a los trabajadores como a sus familias. «La situación está provocando un daño irreparable tanto a los trabajadores como a los acreedores», señala el documento.
El gremio subraya que la crisis ha dejado a cientos de empleados sin trabajo, además de generar problemas relacionados con la cobertura de salud. Algunos trabajadores, excluidos de la asistencia médica, enfrentan una realidad crítica. «Los compañeros están a las puertas del hambre y la desesperación», expresó Atilra, destacando que su capacidad de ayuda ha llegado a un límite.
A pesar de comprender la complejidad de los procesos judiciales y las negociaciones de los potenciales inversores, el sindicato enfatiza que no permanecerá inactivo. «No nos quedaremos de brazos cruzados, y continuaremos realizando acciones legales y manifestaciones», advirtió el comunicado. La organización reafirma su compromiso de luchar por la reactivación de SanCor, una de las empresas más emblemáticas de la industria láctea argentina, cuya crisis afecta a cientos de familias.
Fuente: La Nación
