La disputa judicial por la propiedad de la quinta de Pilar, supuestamente vinculada a altos funcionarios de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), ha cobrado un nuevo impulso. Esta vez, los protagonistas son la exdiputada Elisa Carrió y el empresario Guillermo Tofoni, quienes han solicitado el apartamiento de dos jueces de la Cámara de Casación Penal.
Tofoni, conocido por haber iniciado acciones legales en Estados Unidos contra la AFA, ha presentado un pedido de recusación contra los jueces Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, quienes integran el tribunal clave que decidirá si la causa se tramita en el fuero federal o en el Penal Económico. En su argumentación, Tofoni sostiene que existen «circunstancias objetivas que fundan el temor de parcialidad» en la actuación de Barroetaveña.
El empresario destaca que el juez fue parte del Tribunal de Ética de la AFA hasta diciembre del año pasado, lo que, según su opinión, genera un conflicto de interés dado que las operaciones de desvío y lavado de fondos bajo investigación ocurrieron mientras Barroetaveña ocupaba este cargo. La acusación también incluye un reclamo de Carrió, quien apunta a la relación institucional entre Barroetaveña y la AFA, asegurando que no se trata de un vínculo circunstancial.
La situación se complica aún más con la participación de Borinsky, quien, según Tofoni, había manifestado previamente su postura sobre la competencia del fuero federal, lo que podría influir en su decisión respecto al caso.
La relevancia de la ubicación de la causa es considerable, ya que ha sido trasladada entre varios jueces, incluyendo a Daniel Rafecas y Marcelo Aguinsky, antes de llegar a Verónica Straccia del fuero Penal Económico. Este último tribunal se hizo cargo de la causa tras cuestionamientos por parte de denunciantes y la falta de avances significativos en la investigación.
Este miércoles, se llevará a cabo una audiencia en la que se presentarán escritos del fiscal Mario Villar y los abogados de Luciano Pantano, quien junto a su madre, es titular de la sociedad Real Central, relacionada con la finca en disputa. Tofoni ha sido un actor clave al presentar pruebas sobre el flujo de fondos de TourProdEnter, una empresa que, según investigaciones, recaudó más de 300 millones de dólares de la AFA, de los cuales al menos 57 millones fueron transferidos a sociedades en Miami con actividades dudosas.
La AFA y TourProdEnter han rechazado las acusaciones en su contra, mientras que los responsables de las sociedades receptoras de los fondos permanecen en silencio.
Fuente: La Nación
