La paralización del servicio de practicaje y pilotaje en los principales puertos argentinos ha comenzado a generar una fuerte preocupación en toda la cadena exportadora. Según la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), el conflicto ha dejado a unos 45 barcos varados, lo que genera un costo extra para la agroindustria de hasta 100 mil dólares por día por cada barco detenido.
En este contexto, la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) se ha sumado a los reclamos para alcanzar una rápida solución a este problema, subrayando que la medida de fuerza frena el comercio exterior, afecta el ingreso de divisas y compromete la competitividad del país.
El Conflicto en los Puertos
El conflicto tuvo su origen tras la publicación del Decreto 690/2026, que busca avanzar en la desregulación y modernización de los servicios de practicaje y baquía. Esta normativa ha sido rechazada por los profesionales del sector, quienes consideran que los cambios perjudican sus condiciones de trabajo y, como respuesta, decidieron interrumpir la prestación del servicio.
La CPPC ha señalado que la situación excede un conflicto sectorial y tiene repercusiones directas sobre la economía argentina. «La interrupción de la maniobra de buques no es una disputa sectorial aislada; representa un freno directo e inmediato sobre la economía nacional», sostiene la entidad.
Los puertos privados son responsables de la mayor parte del comercio exterior argentino, funcionando como el principal vínculo entre la producción nacional y los mercados internacionales. Por lo tanto, la falta de servicio de practicaje ha comenzado a generar demoras en el movimiento de buques y una creciente acumulación de embarcaciones en espera.
Pérdidas Millonarias y Desvíos de Cargas
La CPPC advirtió que este escenario interrumpe tanto las exportaciones como las importaciones, afectando el ingreso de divisas en un momento clave para la economía. Además, alertó sobre un efecto dominó que impacta en toda la logística, desde el transporte terrestre hasta el abastecimiento de insumos industriales y energéticos.
La entidad destacó que la imposibilidad de cumplir con las ventanas de carga pactadas expone a exportadores y operadores a fuertes penalidades contractuales y a un aumento significativo de los costos logísticos. También señalaron que la incertidumbre operativa puede llevar al desvío de buques hacia puertos de otros países, lo que deterioraría la imagen de Argentina como proveedor confiable.
Respaldo a la Desregulación
A pesar de las consecuencias inmediatas del conflicto, la CPPC considera que la situación evidencia la necesidad de avanzar en la modernización del régimen que regula el practicaje. «Que la decisión de un grupo reducido de prestadores pueda paralizar por completo el comercio exterior argentino demuestra que la línea trazada en favor de una mayor competencia, transparencia y revisión de esquemas rígidos es el camino correcto para dotar de competitividad y previsibilidad a nuestra logística regional», afirmaron desde la entidad.
Asimismo, destacaron el profesionalismo de los prácticos, pero rechazaron la idea de que la desregulación implique una pérdida de seguridad en la navegación. «Ninguna armadora, capitán o compañía de seguros moverá un buque en vías complejas sin el debido respaldo profesional a bordo», indicaron.
Finalmente, la CPPC instó al Gobierno nacional y a los representantes del sector de practicaje a abrir de manera urgente una instancia de negociación que permita restablecer la actividad. Solicitaron avanzar en la implementación del Decreto 690/2026 dentro de un marco de consenso y previsibilidad, y sostuvieron que es indispensable garantizar la inmediata normalización del servicio para recuperar la navegabilidad en todos los puertos del país.
«Es indispensable establecer un espacio de diálogo directo que permita encauzar las discusiones normativas y de modernización dentro de un marco de institucionalidad, previsibilidad y consenso», concluyó la CPPC.
Fuente: Info Campo
