Recientemente, la decisión de una jueza de la ciudad de Buenos Aires de declarar la inconstitucionalidad del artículo 1° de la ley 27.801, que establece la edad de punibilidad de los menores en 14 años, ha suscitado un intenso debate en el ámbito judicial. Esta resolución permitió el sobreseimiento de un menor que había sido detenido por un intento de robo en flagrancia.
Sin embargo, la Cámara de Apelaciones revocó la sentencia y apartó a la jueza Laura De Marinis del caso. La controversia se centra en los fundamentos que llevaron a la jueza a tomar tal decisión. En su argumentación, De Marinis sostuvo que castigar a los menores por acciones que no son de su responsabilidad implica una desresponsabilización del rol del adulto en la sociedad.
La jueza argumentó que la falta de estructuras adecuadas para la protección de los menores no debería ser motivo de penalización. No obstante, esta interpretación ha sido cuestionada por especialistas en derecho, quienes indican que la magistrada incurrió en una arbitrariedad al asumir funciones propias del Poder Legislativo.
La Corte Suprema ha reiterado que los jueces no tienen la facultad de corregir las leyes ni de crear normas generales, una función que corresponde exclusivamente al Congreso. Este principio de separación de poderes es fundamental para el funcionamiento del sistema democrático y garantiza que las decisiones legislativas sean respetadas por el Poder Judicial.
El caso se asemeja a la reciente decisión de la Corte en el caso «Loyola», donde se anuló una sentencia que imponía penas por debajo de los mínimos legales establecidos por el Congreso en delitos relacionados con la ley de drogas. En este sentido, la Corte destacó que el ámbito de la política criminal está reservado para el legislador, quien tiene la potestad de determinar las consecuencias jurídicas de cada delito.
Así, la jurisprudencia reafirma que el mérito y la conveniencia de las leyes no son cuestiones que el Poder Judicial deba evaluar. La intervención judicial solo está justificada en aquellos casos que se consideran irrazonables o manifiestamente injustos. La situación actual plantea un desafío sobre el respeto y la interpretación de las leyes en el marco del sistema judicial argentino.
Fuente: La Nación
