María Paula Hertrig, fiscal a cargo de la UFI de Boulogne, se encuentra trabajando para regular el uso de celulares en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, tras ser víctima de un intento de asesinato por parte de presos que buscaban vengarse de ella por haberlos detenido en un caso de robo. La funcionaria judicial confirmó su labor en un diálogo reciente con medios de comunicación.
El contexto se agrava con la revelación de un informe que indica que entre 43.000 y 60.000 líneas y dispositivos celulares están activos en manos de reclusos, lo que permite a las bandas criminales operar desde el interior de las prisiones. Este uso indebido de tecnología contribuye a que las organizaciones delictivas mantengan su poder a pesar de estar tras las rejas.
Hertrig, quien actualmente cuenta con custodia, ha decidido hacer pública esta problemática para buscar la colaboración de otros sectores en la discusión sobre el uso de celulares en el Servicio Penitenciario Bonaerense. «Sigo trabajando como siempre, pero ahora también tratando de hacer algo para que se aborde el tema del uso de celulares en las cárceles», afirmó.
El plan de ataque en su contra fue descubierto después de que la fiscal liderara una investigación contra una banda que duplicaba llaves de vehículos para realizar robos en viviendas. A pesar de los arrestos y traslados a diferentes unidades penitenciarias, los reclusos organizaron una venganza en su contra mediante la aplicación de WhatsApp. Según los investigadores, contaban con información detallada sobre los movimientos de la fiscal y su familia.
Las evidencias recolectadas, que incluyen interceptaciones de llamadas y mensajes, llevaron al fiscal general de San Isidro, Patricio Ferrari, a solicitar el allanamiento de las celdas de los imputados. Como resultado, se incautaron tres celulares que serán peritados para avanzar en la investigación.
Fuente: NA
