El fuero Civil y Comercial Federal se está transformando en un nuevo escenario para la salud. Según las estadísticas del Consejo de la Magistratura, el 66% de las causas iniciadas durante el primer semestre del año son amparos de salud. Este dato indica que casi siete de cada diez expedientes corresponden a reclamos de pacientes contra obras sociales o prepagas.
Las proyecciones indican que para agosto de este año, el porcentaje podría alcanzar el 70%, un notable aumento en comparación con el 2025, cuando los amparos de salud representaban alrededor del 45%. Un funcionario judicial ha expresado su preocupación por el incremento en el número de casos, afirmando que «es a lo que nos dedicamos ahora, a despachar salud».
Hasta el 30 de junio, se habían iniciado 7,523 causas en el fuero, de las cuales 4,990 estaban relacionadas exclusivamente con temas de salud. Las materias que históricamente habían predominado en este fuero, como el derecho marítimo y la propiedad intelectual, han quedado relegadas.
La mayoría de las presentaciones se centran en problemas de afiliación, donde trabajadores jubilados buscan evitar el traspaso a PAMI para mantener su cobertura de salud. Aunque estos casos no representan grandes desafíos jurídicos, hay otros que exigen decisiones urgentes por parte de los jueces, como tratamientos médicos específicos o medicamentos costosos.
Este aumento de casos está generando presión sobre un sistema judicial que cuenta con 11 juzgados y tres salas de Cámara. Un análisis del último día hábil reveló que, de las 42 resoluciones despachadas, 28 se referían a amparos de salud, lo que equivale al 66%.
Marisa Aizenberg, directora del Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho de la UBA, señala que «la judicialización es la punta del iceberg» y refleja las tensiones del sistema sanitario. Aizenberg critica la respuesta de las empresas del sector ante las quejas de los pacientes y destaca que el sistema se encuentra «absolutamente fragmentado».
Las prepagas, por su parte, argumentan que la expansión de las prestaciones mínimas y la falta de reglas claras están contribuyendo a la judicialización. Un representante del sector ha expresado su preocupación por el impacto de estas decisiones en el financiamiento del sistema de salud.
En respuesta a esta problemática, el Gobierno ha implementado el programa Promesa, un procedimiento de mediación prejudicial en materia de salud, que busca evitar que las disputas entre pacientes y financiadoras escalen a los tribunales. Durante su primer año, el programa logró acuerdos en el 44.9% de los casos, con un promedio de resolución de 17 días.
A pesar de estos esfuerzos, el Consejo de la Magistratura indica que la judicialización sigue en aumento. Las fuentes judiciales reconocen que, aunque el programa está bien encaminado, se necesita tiempo para ver resultados significativos. Además, el auge de las redes sociales ha incrementado la visibilidad de los reclamos, animando a más pacientes a litigar.
Fuente: La Nación
