El Senado ha otorgado su respaldo en comisión a los convenios que permitirán la transferencia de competencias penales desde la Nación hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta medida se aplica específicamente a delitos relacionados con la integridad sexual y aquellos cometidos por menores de edad.
Los convenios, discutidos en un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda, fueron impulsados por los presidentes de las comisiones, Gonzalo Guzmán Coraita y Agustín Monteverde, de la coalición política Libertad Avanza.
Si estos acuerdos logran la aprobación definitiva en el Congreso y en la Legislatura local, el fuero penal de la Ciudad asumirá la instrucción de causas delicadas, incluyendo delitos que afectan la integridad sexual y crímenes cometidos por jóvenes entre 14 y 18 años, a excepción de los delitos federales.
Los convenios, firmados el pasado 3 de julio por los ministros de Justicia de la Nación y CABA, Juan Bautista Mahiques y Gabino Tapia, representan una transferencia progresiva de competencias penales hacia el Poder Judicial de la Ciudad, en un movimiento que busca reafirmar la autonomía de la CABA conforme al artículo 129 de la Constitución Nacional.
El respaldo a esta medida provino de los bloques de Libertad Avanza, UCR, PRO, Provincias Unidas y otros grupos provinciales, mientras que el peronismo se opone, reflejando la resistencia de gremios y de la Asociación de Magistrados.
Opiniones Encuentran Divergencias
Durante el debate, el libertario Gonzalo Guzmán Coraita enfatizó la relevancia de estos acuerdos en el proceso de autonomía de la Ciudad. Por su parte, Mariano Rivas, del Ministerio de Justicia de la Nación, afirmó que la Ciudad posee la capacidad necesaria para asumir estas nuevas competencias.
El presidente de la Cámara de Casación y Apelaciones de la Ciudad, Javier Buján, subrayó la urgencia de que el Congreso apruebe el convenio antes de la implementación del nuevo régimen penal juvenil el 5 de septiembre, destacando el éxito del sistema acusatorio en la Ciudad.
Sin embargo, el presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal, Ricardo Pinto, expresó su preocupación por la incertidumbre que genera el traspaso, sugiriendo que podría comprometer la estabilidad de los jueces y funcionarios. Además, el secretario general de la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación, Gonzalo Martínez Salum, criticó la falta de consideración hacia los trabajadores judiciales en los convenios propuestos.
Fuente: NA
