En el marco del juicio por el caso Hotesur y Los Sauces, la Fiscalía ha comenzado a presentar su acusación contra la ex presidenta Cristina Kirchner y el diputado Máximo Kirchner, revelando un entramado familiar que, según las pruebas, permitió una maniobra destinada al lavado de dinero.
La inmobiliaria Los Sauces S.A., fundada el 7 de noviembre de 2006 por Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y su hijo Máximo, se registró para realizar actividades inmobiliarias y comerciales, con un capital inicial de $100.000. Durante la investigación, se ha señalado que los órganos sociales de la empresa permanecieron bajo control de los Kirchner y personas de su círculo familiar entre 2006 y 2016.
Máximo Kirchner: El Eje del Directorio Familiar
La Fiscalía ha indicado que el directorio de Los Sauces fue liderado por Máximo Kirchner, quien tenía la autoridad para tomar decisiones en nombre de sus padres, asegurando que la gestión se mantuviera dentro de la familia. Desde su fundación, los tres miembros aprobaron los ejercicios económicos en asambleas, pero a partir de 2009, cuando la empresa comenzó a alquilar propiedades a empresarios vinculados, Máximo asumió un rol decisivo.
En este contexto, la acusación sostiene que los hijos de los ex mandatarios participaron activamente en la aprobación de la compra de propiedades y en la gestión del flujo de dinero, facilitando así la maniobra de lavado.
Irregularidades en el Funcionamiento de la Inmobiliaria
Los fiscales han identificado diversas irregularidades en la operación de Los Sauces, destacando que la empresa no contaba con una sede social ni empleados. A pesar de que se mencionan tres domicilios en la documentación, ninguno se asemeja a un negocio inmobiliario. De hecho, solo se registraron dos empleados desde su creación, uno de ellos el jardinero personal de Cristina Kirchner.
La investigación también ha puesto de manifiesto que Los Sauces estuvo inactiva durante un período significativo entre 2006 y 2009, periodo en el que adquirió propiedades que luego facilitarían el canal de fondos de origen ilícito. La Fiscalía ha señalado que los alquileres de estas propiedades no fueron aprobados por el órgano de administración, lo que añade un componente más a las acusaciones de corrupción.
Fuente: NA
