Un reciente fallo de la Corte Suprema ha reavivado el debate sobre la venta de tierras a extranjeros en Argentina, generando conflictos entre los tres poderes del Estado. La Corte decidió devolver vigencia a un artículo del megadecreto 70/2023, que había eliminado los límites a la venta de tierras a no nacionales, provocando una fuerte reacción en el ámbito legislativo.
El artículo 154 del decreto, que derogó la Ley de Tierras, había sido previamente declarado inconstitucional por la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. Sin embargo, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti argumentaron que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata no tenía legitimidad para demandar, lo que llevó a restituir el artículo y, en consecuencia, a eliminar las restricciones existentes.
En el Congreso, el Senado había rechazado el DNU 70 en marzo de 2024, pero la Cámara de Diputados no ha tomado acción al respecto. Esta situación ha permitido que el decreto de Javier Milei siga vigente, ya que se requiere el rechazo de ambas cámaras para anular un DNU. La oposición en Diputados ha comenzado a organizarse para buscar la derogación definitiva de este decreto.
Los constitucionalistas consultados coinciden en que la solución a este conflicto se encuentra en el Congreso. El fallo de la Corte aclara que su decisión no interfiere con la facultad del Legislativo para considerar los DNU, lo que abre la puerta a dos posibles acciones: el rechazo del DNU 70/23 o la sanción de una nueva ley que restablezca los límites a la venta de tierras a extranjeros.
Legisladores de la oposición, como Cecilia Moreau y Esteban Paulón, han instado a la Cámara baja a actuar rápidamente. Moreau enfatizó en redes sociales que la venta de tierras no debería permitirse, recordando el rechazo del DNU en el Senado.
Según analistas, si la oposición en Diputados logra derogar el DNU, este quedaría anulado en su totalidad, dado que el tratamiento de los DNU no se rige por los plazos de los proyectos de ley. Por lo tanto, el rechazo del Senado de marzo de 2024 sigue vigente y puede ser tratado en cualquier momento.
Los expertos en derecho constitucional sugieren que una nueva ley que derogara el artículo 154 sería el camino más directo para resolver el conflicto. Esta nueva norma dejaría atrás el fallo de la Corte y restablecería la Ley de Tierras, que limita la propiedad extranjera en el país.
A pesar de las alternativas legislativas, la vía judicial parece cerrada, ya que la Corte ha limitado la posibilidad de nuevos reclamos sobre la inconstitucionalidad del artículo 154, dejando el control político en manos del Congreso.
Finalmente, la discusión sobre la venta de tierras a extranjeros continúa siendo un tema de alta relevancia en la agenda política, con implicaciones significativas para la soberanía territorial y el futuro legislativo del país.
Fuente: La Nación
