El oficialismo argentino se encuentra en negociaciones para introducir modificaciones en el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, con el fin de asegurar el apoyo de aliados y dialoguistas. Se prevé que la Cámara de Diputados se reúna el 21 de octubre para tratar no solo este proyecto, sino también otras iniciativas relacionadas con la discapacidad y el sobreendeudamiento familiar.
A medida que se acerca la fecha de la sesión, la oposición se enfrenta a un panorama complicado, ya que sus posibilidades de lograr el quórum necesario parecen desvanecerse. A pesar de esto, Unión por la Patria ha manifestado su intención de llevar adelante la votación para identificar a aquellos diputados que se oponen a la ley de tierras, en línea con el llamado «principio de revelación» promovido por el presidente Javier Milei.
La situación se complica aún más si se considera que el Senado ya había rechazado el DNU 70/23 en marzo de 2024, lo que ha llevado a la oposición a preguntarse por qué ahora se intenta avanzar en una votación. Desde Unión por la Patria, se argumenta que hasta ahora no existían garantías de apoyo por parte de los bloques opositores más moderados.
A pesar de las tensiones, el oficialismo ha cambiado su perspectiva tras observar que la oposición carece de los votos necesarios para respaldar sus iniciativas. Sin embargo, se mantienen alerta ante posibles decisiones de la Corte Suprema que podrían reactivar el debate sobre la ley de Tierras.
En este marco de negociaciones, se evalúa la posibilidad de introducir restricciones a la compraventa de tierras rurales dentro de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, como una forma de resguardar el DNU 70, que tiene un impacto significativo en la política económica del gobierno.
En cuanto a la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, se ha recibido una exigencia por parte de los aliados y dialoguistas para eliminar un artículo que establece penas para quienes realicen acciones que alteren procesos electorales o la seguridad institucional. Este artículo ha sido criticado por la oposición, que lo considera una amenaza a la libertad de prensa y un mecanismo para reprimir la disidencia.
Las negociaciones continúan y se espera que la discusión sobre el proyecto avance en los próximos días, a medida que se defina el futuro de la ley de leyes dentro del Congreso.
Fuente: NA
