La Corte Suprema de Justicia ha sido protagonista de una intensa controversia política en las últimas semanas, generada por la discusión en torno a la ley de Tierras, que regula el límite de compra de tierras por parte de extranjeros. Esta situación ha expuesto diferencias entre los miembros del máximo tribunal, revelando tensiones que, hasta ahora, se habían mantenido en un segundo plano.
El conflicto se inició cuando la Corte decidió dejar sin efecto una medida cautelar que impedía la aplicación de un decreto de necesidad y urgencia del gobierno. Este decreto, emitido el 20 de diciembre de 2023, había generado un amplio debate al eliminar el límite del 15% en la compra de zonas rurales por parte de extranjeros. El fallo, que fue unánime y firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, provocó un fuerte impacto político, ya que se consideró un ataque directo a la legislación existente.
Ante la reacción crítica de la opinión pública y de la oposición, la Corte emitió un comunicado aclarando que su decisión no cerraba el debate sobre el tema, señalando que el asunto podría ser revisado nuevamente. Sin embargo, este comunicado fue realizado sin el consenso de Rosenkrantz, quien no fue consultado antes de su publicación, lo que subrayó las crecientes diferencias entre los magistrados.
En un giro inesperado, la Corte volvió a pronunciarse a favor de la ley de Tierras, reestableciendo los límites a la venta de campos apenas días después del primer fallo. Este cambio generó aún más controversia, con críticas desde la oposición sobre lo que consideran una política de compensaciones por parte del tribunal, primero a favor del gobierno y luego en contra.
Las diferencias entre los jueces se hicieron evidentes, con Rosenkrantz emitiendo un voto disidente donde cuestionó la legitimidad de las decisiones tomadas por la mayoría. En su disidencia, afirmó que el “descontento social” no justifica decisiones que vulneren la Constitución y las leyes.
Por otro lado, las explicaciones sobre las decisiones de la Corte han variado. Mientras que la mayoría defiende la legalidad de sus acciones y asegura que no hubo marcha atrás, el entorno de Rosenkrantz sostiene que este cambio fue una respuesta a la presión social. Este ambiente de tensión ha llevado a que funcionarios judiciales describan la convivencia en la Corte como “sensibilizada”.
A pesar de la controversia generada, los miembros de la Corte intentan minimizar el impacto político de sus decisiones. Desde el tribunal, se argumenta que el decreto 70/2023 sigue vigente, a pesar de las críticas, y que el debate sobre la ley de Tierras no ha afectado el funcionamiento del Poder Judicial en su totalidad.
La crisis actual también ha puesto de manifiesto las diferencias ideológicas persistentes entre los miembros de la Corte, específicamente entre Rosenkrantz y Rosatti, quienes tienen posturas distintas sobre temas de liderazgo y selección de jueces. Estas discrepancias han llevado a un estancamiento en varias iniciativas de reforma dentro del Consejo de la Magistratura.
Con el futuro de la ley de Tierras aún incierto, se anticipa que la Corte deberá enfrentar nuevos desafíos legales en los próximos días, lo que podría reavivar las tensiones internas que han comenzado a salir a la luz.
Fuente: La Nación
