Un fiscal penal juvenil de San Isidro, Andrés Zárate, ha declarado que no suspenderá la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil, a pesar de la reciente decisión de una jueza de Lomas de Zamora que frenó su implementación. Esta nueva ley, conocida como Ley 27.801, busca modificar la edad de imputabilidad en casos de delitos cometidos por adolescentes.
La jueza Marta Elba Pascual había argumentado que la falta de infraestructura adecuada para alojar a los adolescentes impedía la aplicación de la norma. Sin embargo, Zárate criticó fuertemente esta determinación, calificándola de «absurdo». En declaraciones al canal Todo Noticias, afirmó: “La decisión de la jueza no está dentro de sus atribuciones como juez. No puede suspenderla”.
Zárate explicó que, aunque la jueza tiene la facultad de no aplicar una norma en casos específicos si considera que es inconstitucional, suspender una ley penal emanada del Congreso resulta, en su opinión, un «absurdo procesal, constitucional y jurídico». La controversia surge en un contexto donde la Justicia bonaerense decidió suspender la norma por 60 días para evaluar la capacidad del sistema en la aplicación de las nuevas disposiciones.
La medida de Pascual se originó tras un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, en representación de adolescentes en situación de privación de libertad. Zárate enfatizó que, en su jurisdicción, “la ley es plenamente vigente” y que, ante la comisión de delitos graves por jóvenes de 14 o 15 años, se aplicaría la nueva normativa.
El fiscal también abordó el argumento de la falta de establecimientos adecuados, recordando que los adolescentes anteriormente enfrentaban medidas de seguridad y eran alojados en instituciones. “No iban a ser condenados, pero sí se disponía judicialmente de ellos”, aclaró. Además, destacó que la Ley 27.801 contempla penas alternativas y establece un máximo de 15 años de prisión, lo que significa que la privación de libertad no es obligatoria en todos los casos. Zárate concluyó afirmando que es poco probable que un fiscal o juez en la provincia de Buenos Aires acepte la interpretación que intenta dar la jueza Pascual a la ley.
Fuente: NA
