El sindicalista camionero Maximiliano Cabaleyro, quien lidera la regional San Nicolás, San Pedro y Ramallo del gremio de camioneros, ha sido absuelto en un juicio que lo acusaba de bloquear la empresa Rey Distribución SRL y exigir dinero a sus propietarios. El Tribunal Oral Criminal Nº2 de San Nicolás dictó su veredicto, declarando a Cabaleyro inocente de los delitos de turbación de la posesión, coacción, extorsión y amenazas.
Durante el juicio, se presentó el argumento de que Cabaleyro había ejercido su derecho de huelga, y no se logró probar que hubiera recibido pagos indebidos. El sindicalista llegó al proceso en prisión domiciliaria y fue liberado inmediatamente tras el veredicto. Las fiscales del caso habían solicitado una pena de diez años de prisión sin régimen domiciliario y con inhibición para ejercer cargos públicos.
La empresa Rey Distribución SRL, dedicada a la distribución de alimentos y bebidas y con 34 empleados, había sufrido bloqueos sindicales en 2021. Según los dueños de la firma, esos bloqueos fueron actos de extorsión por parte de Cabaleyro y otros sindicalistas desde 2017, lo que motivó las denuncias en la Justicia.
El juez del caso, en su fallo, señaló que los bloqueos no podían ser considerados delitos, ya que fueron realizados en el marco de un derecho legítimo. Además de Cabaleyro, otros exempleados de la distribuidora también fueron absueltos de las acusaciones.
Las acusaciones de extorsión se basaban en la denuncia de los dueños de la empresa, quienes alegaron haber sufrido amenazas y coerciones para hacer entregas de dinero desde 2017. Sin embargo, el juez argumentó que no se había demostrado que Cabaleyro hubiera participado en esos cobros. La sentencia también destacó que los pagos discutidos estaban relacionados con deudas existentes de la empresa hacia sus empleados.
La detención de Cabaleyro en abril de 2022 había provocado protestas de su gremio, que incluyeron bloqueos en San Nicolás. En ese momento, Cabaleyro era concejal por el Frente de Todos y había estado un año y medio en prisión antes de ser colocado en arresto domiciliario.
La abogada de los dueños de la empresa, la senadora provincial Florencia Arietto, anunció que apelará el fallo y buscará llevar el caso a instancias superiores. Por su parte, el abogado de Cabaleyro argumentó que las acusaciones eran infundadas y parte de una criminalización de la protesta social.
Fuente: La Nación
