El Gobierno argentino ha solicitado el retiro de la Cámara de Diputados del proyecto de ley de Competitividad Financiera, el cual fue enviado al Congreso solo tres días antes. Esta iniciativa, impulsada por Federico Sturzenegger y firmada por Javier Milei junto a otros cuatro ministros, generó controversia debido a la propuesta de un impuesto del 15% sobre las ganancias de la compraventa de cedears, los certificados que permiten invertir en acciones de empresas extranjeras.
La situación se desarrolló de manera abrupta, con el texto ingresando al Congreso la noche del sábado y siendo conocido públicamente el martes. Antes de que finalizara ese mismo día, el Poder Ejecutivo solicitó el retiro de la iniciativa. El pedido formal fue registrado el martes 3 de noviembre a las 22.50, cuando funcionarios ya se habían distanciado de la medida, atribuyéndola a un borrador antiguo.
La secuencia ha revelado una falta de coordinación dentro de la administración. El proyecto contaba con las firmas de Milei y de los ministros Sturzenegger, Luis Caputo, Alejandra Monteoliva y Diego Santilli, y fue avalado digitalmente a la 1.42 de la madrugada del sábado, un hecho inusual para un proyecto que no requería un tratamiento urgente. Notablemente, el texto establecía que el nuevo impuesto sobre los cedears aplicaría a las adquisiciones realizadas desde el mismo 31 de octubre.
Ignacio Devitt, vicejefe de Gabinete, firmó su remisión a Diputados mientras se encontraba de viaje a Estados Unidos, lo que añade otra capa de complejidad a la situación. A pesar de que el expediente ingresó formalmente el lunes 2, las versiones sobre cómo se manejó su publicación varían. Mientras algunos indican que se mantuvo bajo reserva, otros afirman que siguió el procedimiento administrativo habitual.
El artículo que generó la controversia proponía un impuesto del 15% sobre las ganancias de las inversiones en cedears, buscando equiparar su carga tributaria a las acciones adquiridas en el exterior. Sin embargo, esta medida resultó incómoda para un gobierno que ha prometido evitar nuevos impuestos. Las críticas surgieron rápidamente en las redes sociales, llevando a los asesores del oficialismo a responder a las inquietudes de los inversores.
La urgencia por retirar el proyecto también respondía a un temor político: la posibilidad de que la oposición aprovechara la situación para avanzar con un impuesto que el oficialismo había decidido descartar. En lugar de eliminar el artículo polémico, el Gobierno optó por retirar el proyecto completo.
Este episodio no es aislado, ya que las contradicciones entre el Poder Ejecutivo y sus legisladores han complicado al oficialismo en el Congreso en ocasiones anteriores. Recientemente, el Gobierno enfrentó una crisis interna cuando sus diputados buscaban un acuerdo sobre una nueva legislación en discapacidad, mientras que se enviaba un proyecto de presupuesto que socavaba aspectos clave de la normativa vigente.
Fuente: La Nación
