La discusión en Argentina sobre los recursos naturales, específicamente en torno a Vaca Muerta y el litio, ha girado principalmente en torno a la producción, exportaciones e inversiones. En medio de un período de expansión notable, se proyecta que la producción petrolera alcance el millón de barriles diarios hacia finales de este año, y la producción de litio ha aumentado un 59% interanual en junio. Sin embargo, la cuestión crítica que se plantea es: ¿qué sucederá cuando estos recursos se agoten?
El petróleo, el gas y el litio representan activos finitos, y cuando una provincia recibe regalías por su explotación, transforma una parte irreversible de su patrimonio natural en dinero. Por lo tanto, la discusión no es únicamente de índole presupuestaria, sino que también tiene implicaciones constitucionales e intergeneracionales.
La Constitución Nacional establece en su artículo 124 que las provincias tienen dominio originario sobre los recursos naturales en sus territorios. Provincias como Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Jujuy, Salta y Catamarca son responsables de definir el destino de la renta generada por sus yacimientos. Sin embargo, este artículo debe interpretarse junto al artículo 41, que establece que las actividades productivas deben satisfacer las necesidades actuales sin comprometer las de las futuras generaciones.
Ambos artículos forman una unidad normativa. Mientras el artículo 124 identifica a los titulares de los recursos, el artículo 41 establece el principio que debe guiar su uso. Esto implica que el dominio provincial no se traduce en una autorización para consumir, en una sola generación, el valor total de activos que no pueden ser reemplazados.
Una regla propuesta es que una parte significativa de las regalías generadas por recursos no renovables se convierta en activos financieros permanentes. Esto no implica negar las necesidades actuales de las provincias productoras, las cuales requieren infraestructura, servicios y desarrollo. Se trata de evitar la venta de patrimonio natural sin dejar un legado equivalente para las generaciones futuras.
Un fondo intergeneracional podría ser la solución, transformando la riqueza geológica, que disminuye con cada extracción, en una cartera de activos que genere ingresos a medida que la producción disminuye. La recomendación es destinar al menos la mitad de las regalías obtenidas de la extracción de recursos no renovables a un fondo permanente.
La experiencia de Argentina muestra que una ley ordinaria no es suficiente. Mendoza, por ejemplo, estableció un fondo en 1993 que se ha visto erosionado por decisiones financieras inadecuadas. Por otro lado, Neuquén creó un fondo anticíclico en 2020, pero la falta de una protección institucional sólida permitió que los recursos fueran desviados hacia el pago de deudas.
Estos casos evidencian la fragilidad del capital sujeto a decisiones anuales de una legislatura. Un verdadero fondo intergeneracional debería contar con protección constitucional y un procedimiento robusto para modificar sus reglas, además de administración profesional e independiente.
Un ejemplo a seguir se encuentra en Alaska, donde después de experimentar una gran dilapidación de sus ingresos petroleros, se aprobó en 1976 una reforma constitucional para reservar parte de los ingresos derivados de los recursos naturales en un fondo permanente. Este fondo ha crecido hasta alcanzar los US$91.000 millones y ha proporcionado dividendos anuales a sus ciudadanos desde 1982.
Argentina no necesita replicar este modelo, pero sí debe reconocer que sus recursos agotables requieren instituciones capaces de mantenerse estables a lo largo de los ciclos políticos y económicos. El artículo 41 de la Constitución ya establece el principio de que el desarrollo presente no debe comprometer las necesidades futuras. Ahorrar parte de las regalías no es un acto de austeridad, sino una forma concreta de garantizar el cumplimiento de este mandato.
El desafío radica en transformar recursos agotables en riqueza permanente, asegurando que las futuras generaciones no se vean afectadas por decisiones de corto plazo.
Fuente: La Nación
