La distribución de bancas en la Cámara de Diputados de Argentina sigue regida por una norma establecida durante la última dictadura militar, la Ley 22.847, que fue dictada en 1983. Esta legislación, que no fue votada por el Congreso ni elegida por el pueblo, establece un diputado cada 161.000 habitantes y garantiza un mínimo de cinco diputados por provincia, independientemente de su población.
A pesar de las transformaciones demográficas en el país a lo largo de más de cuatro décadas de democracia, la representación en la Cámara no ha sido revisada. Actualmente, la Provincia de Buenos Aires, que alberga cerca del 38% de la población, cuenta con 70 de las 257 bancas, lo que representa apenas un 27% del total. En contraste, hay diputados que representan a menos de 40.000 personas, mientras que otros lo hacen para más de 250.000.
La situación es consecuencia de una fórmula que no refleja la realidad demográfica actual. Desde 1983, se han realizado cuatro censos nacionales, pero el Congreso no ha corregido la distribución de bancas de manera integral. Esta falta de acción ha ampliado la distorsión en la representación política.
El artículo 45 de la Constitución Argentina establece que la integración de la Cámara de Diputados debe basarse en la población y que, tras cada censo, el Congreso debe ajustar la representación. Sin embargo, hasta ahora, las discusiones sobre este tema han sido postergadas, lo que ha resultado en un sistema que no representa adecuadamente a los ciudadanos.
El debate sobre la representación no se centra en perjudicar a ninguna provincia, sino en restablecer el equilibrio que la Constitución establece. En el Senado, cada provincia tiene un número igual de senadores, lo que garantiza el federalismo. No obstante, en la Cámara de Diputados, la representación debe ser proporcional a la población.
Una propuesta presentada en 2023 busca modificar el criterio de distribución de las bancas sin incrementar su número total. La idea es establecer un diputado cada 210.000 habitantes, con un mínimo de tres diputados por provincia para asegurar representación y un máximo de ochenta para evitar la concentración.
Esta reforma no busca añadir más diputados, sino que los actuales 257 representen mejor a la población argentina. Al aplicar este nuevo criterio, se ajustaría la representación de provincias como Córdoba, Santa Fe y Mendoza, que actualmente tienen una representación inferior a la que les corresponde.
El objetivo es garantizar que todos los ciudadanos tengan el mismo valor en su voto, sin distinciones basadas en el lugar de residencia. La realidad es que la representación política debe reflejar la Argentina actual, no la de hace más de cuarenta años.
El cambio en la Ley de Representación no es solo una cuestión de números, sino un paso hacia la legitimidad y la equidad en la representación política. Es fundamental que cada voto cuente por igual y que la democracia refleje la realidad del país.
Fuente: NA
