El juez Tomás Rodríguez Ponte ha ordenado una serie de restricciones a Ariel Vallejo, prohibiéndole prestar «servicios financieros» y notificando a la Comisión Nacional de Valores (CNV) sobre esta decisión. Esta medida llega apenas días después de que Vallejo reabriera una sucursal de Sur Finanzas en Canning, aunque con un recorte en sus servicios.
La resolución judicial establece que la prohibición se extiende a cualquier forma de participación de Vallejo en entidades que ofrezcan servicios financieros, incluidas su inscripción como socio, accionista o empleado jerárquico. Esto se mantendrá vigente mientras dure la medida.
Operativos en clubes de fútbol
Además, el juez Rodríguez Ponte ha autorizado operativos a la Policía Federal en varios clubes de fútbol, como San Lorenzo, Racing y Argentinos Juniors, que mantenían vínculos con Sur Finanzas. Durante estos operativos, se procederá al secuestro de documentación bancaria y comercial relacionada con las actividades de la financiera, desde la autorización otorgada por el juez anterior, Luis Armella.
Cuantiosas transacciones y vínculos con el fútbol
Se ha revelado que el club de Boedo recibió más de $1900 millones de Sur Finanzas, mientras que Vallejo obtuvo más de $100 millones en concepto de intereses. Vallejo había incrementado su perfil público con la reapertura de Sur Finanzas, destacando su retorno al negocio y su cercanía con figuras del fútbol, como el presidente de la AFA.
Confiscación de vehículos
Rodríguez Ponte también ha ordenado la entrega de vehículos secuestrados a la Corte Suprema con el fin de que se utilicen para fines sociales dentro de la Justicia y organismos de seguridad. Este listado incluye vehículos de lujo como cuatro camionetas Toyota, tres Audi y una Ferrari California que Vallejo había utilizado.
Investigaciones en curso
La decisión de confiscación forma parte de una serie de medidas en una causa judicial que se inició en noviembre, relacionada con presunta evasión impositiva y lavado de dinero. La investigación busca esclarecer el movimiento de cerca de $818 mil millones a través de la billetera virtual de Sur Finanzas, que permanece inhabilitada.
Además, se ha solicitado un informe detallado sobre las personas que operaron a través de la billetera virtual, en el que se han identificado irregularidades, como la aparición de personas con ingresos bajos que figuran en el sistema con montos elevados.
Varios involucrados han negado haber realizado las transacciones atribuidas a sus nombres, lo que ha llevado a las autoridades a investigar más a fondo estos casos y determinar la veracidad de las operaciones.
Fuente: La Nación
