La deuda del Gobierno con las productoras de gas continúa en aumento. Recientemente, se dejó vencer otra factura del Plan Gas.Ar, lo que ha incrementado el pasivo total del Estado con el sector, alcanzando ahora la cifra de US$350 millones.
Según datos oficiales, la empresa estatal Enarsa, encargada de administrar los contratos del programa, actualmente adeuda US$300 millones. Este monto incluye la factura que venció el 3 de septiembre por el gas entregado en junio, que no fue pagada, sumando el 100% de ese mes. Además, se agrega el 10% de la factura de mayo que también permanece sin cancelar.
Por otro lado, el Tesoro debe US$50 millones a las productoras por conceptos de compensaciones del Plan Gas.Ar. Estos pagos están destinados a cubrir la diferencia entre el precio pactado con las empresas y el que efectivamente abonan los usuarios en sus facturas. Esta deuda corresponde a meses sueltos de 2024, 2025 y 2026.
El problema de la mora ha evolucionado. A finales de junio, la deuda con Enarsa rondaba los US$180 millones, acumulando impagos de meses previos, pero se proyectaba que con el inicio del invierno, el monto podría dispararse hasta US$500 millones si la situación persistía. Sin embargo, el presente escenario muestra que, aunque la cantidad de meses en mora se ha reducido, el monto adeudado ha crecido debido al aumento en los precios del gas durante el invierno.
Este patrón de demora en los pagos es habitual cuando el Gobierno enfrenta dificultades de recaudación y busca mantener el equilibrio fiscal, lo que afecta directamente a las productoras de gas. Empresas como YPF, TotalEnergies y Shell, entre otras, se encuentran en esta situación crítica. En junio, algunas de estas empresas habían elevado sus reclamos a través de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) y la Cámara Argentina de Energía (CADE), alertando sobre el impacto negativo que estos atrasos tienen en sus inversiones.
El sector advierte que la falta de liquidez podría poner en riesgo los planes de perforación y desarrollo. Hasta el momento, las productoras han mantenido los niveles de inyección comprometidos, pero están utilizando sus propias reservas como única fuente de financiamiento disponible.
La situación contrasta con la de Cammesa, la empresa estatal que gestiona los despachos eléctricos y que cumple con sus pagos en tiempo y forma, reconociendo intereses en caso de demoras. Enarsa, por su parte, no sigue este mismo esquema. Con facturas correspondientes a los meses de mayor demanda aún por vencer, la posibilidad de que la deuda vuelva a crecer es inminente.
Fuente: La Nación
